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Las y los firmantes de este manifiesto, ante la opinión pública y las instituciones competentes, expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de la población inmigrante en Palma del Río, especialmente de aquellos y aquellas que llegan para trabajar en la campaña agrícola. Denunciamos la estigmatización y el discurso xenófobo que asocia la inmigración con la delincuencia, perpetuando estereotipos que no solo son falsos, sino que también contribuyen a la exclusión social y a la vulneración de derechos humanos fundamentales.

Después de darnos la razón el Tribunal Superior de Andalucía, ahora es el Tribunal Supremo quien nos la da y considera legal la huelga que convocó nuestro sindicato en el verano del 2023 y por el que los empresarios del metal de Cádiz querían hacernos pagar una indemnización millonaria.